Los hijos de un ex empleado municipal de Antofagasta de la Sierra, Juan Eladio Liquín, presentaron una denuncia contra el intendente Julio Taritolay (FCS) al responsabilizarlo de la muerte de su padre, Juan Eladio Liquín, quien no fue reincorporado a su trabajo, pese a la sentencia de la Corte de Justicia. Liquín se quedó sin haberes y sin obra social para afrontar una enfermedad y murió por neumonía y desnutrición. A los 45 días, fallece la esposa del ex empleado, también víctima de una enfermedad.
Según relata la presentación judicial, Juan Eladio Liquín era empleado municipal de Antofagasta de la Sierra. Formaba parte del grupo que había sido cesanteado cuando asumió Taritolay porque había pasado a planta permanente en abril de 2015.
Taritolay fue denunciado en aquel momento porque le negaba el ingreso a los trabajadores al municipio.
Ante ese panorama, Liquín junto a otras 26 personas interpusieron una acción de amparo ante la Corte de Justicia para reclamar que se los reincorpore y se abone los haberes caídos. El 1º de septiembre, la Corte de Justicia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó la inmediata reincorporación de los agentes y la devolución de los haberes caídos. La sentencia fue apelada pero la Justicia se la negó.
Ante el revés judicial, Taritolay dicta un decreto en el que ordena restituir a 25 de los actores, entre los que no se encontraba Juan Eladio Liquín, pese a la orden judicial. Además, el jefe comunal se niega a pagar los haberes adeudados argumentando que no tenía fondos suficientes.
Ante la situación, el 9 de enero de este año, Liquín junto a otros compañeros presentaron una nota en la que insistían con la reincorporación y el pago de los haberes caídos. Ante la falta de respuesta, dos de sus ex compañeros iniciaron una nueva denuncia penal por incumplimiento de la orden judicial.
«Así transcurrió el tiempo sin que nuestro padre trabaje, quedó abandonado, sin obra social para poder atender sus enfermedades y sin dinero», expresan los hijos. El 1º de junio, Juan Liquín (58) murió en la localidad de El Peñón por una neumonía y un cuadro de desnutrición que derivó en un paro cardiorrespiratorio. «Mi padre no pudo solventar los gastos médicos, ni siquiera pudo contar con una atención médica, al encontrarse sin trabajo y sin obra social, por falta de cumplimiento a la orden judicial».
La situación se complica aún más cuando 45 días después falleció la esposa, quien estuvo varios meses enferma, con problemas renales, sin que pudiera contar con los beneficios de la obra social de su cónyugue. «Estos dos hechos tienen una causa directa y es responsabilidad del intendente; las circunstancias no hubieran sido iguales si Taritolay lo hubiera incorporado y hubiera contado con el sueldo y la obra social», dijo Juan Zavaleta, abogado de la familia Liquín, quien comentó que el agente tenía 10 hijos.
La denuncia penal se realizó el jueves ante la Fiscalía General por parte de los hijos del ex empleado, Germán Liquín y Santos Nicolás Liquín. «Podría encuadrarse en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona y hasta homicidio culposo», agregó el abogado Zavaleta.