A juicio los secuestros de Yolanda Borda, Ponce y los hermanos Burgos

 

Esta vez son cinco los imputados. Solo uno de ellos está detenido. Se pedirá que Luciano Benjamín Menéndez pueda responder en el debate.

 La fiscalía Federal elevó a juicio la segunda parte de la “causa 809”, en donde se investigaron las desapariciones y muertes de Francisco Ponce y Griselda Ponce, Genaro Burgos y Yolanda Borda. Esta vez están imputados por los tres hechos Darío Otero Arán, Enrique Basso, Roberto Mujica, Jorge Ripoll del Pino y Carlos Ruiz. Solo Otero Arán está imputado por las desapariciones de los cuatro jóvenes durante la época del proceso militar.
Según se desprendió de la investigación, los imputados -de los cuales solo Otero Arán está preso- habrían participado de la desaparición forzosa de los jóvenes. La imputación de “privación ilegítima de la libertad en concurso real” con “asociación ilícita” se habría dado en el marco de la Convención Latinoamericana de desaparición forzosa de personas. Las penas que podrían caberles por estos hechos serían de entre 1 y 10 años en caso de ser encontrados culpables de ambos delitos.
Francisco Ponce desapareció el 6 de abril de 1976 mientras circulaba en un auto prestado por avenida Güemes casi esquina Rivadavia. Sus sobrinos, Griselda Ponce y Genaro Burgos, fueron sacados de su vivienda el 15 de diciembre del mismo año. En tanto, Yolanda Borda, al igual que los primos Burgos y Ponce, fue “chupada” de su casa ubicada en Belén, delante de toda su familia.
De los actuales imputados, solo Ruiz era policía. Los demás pertenecían al Ejército Argentino.
Carlos Lucena y Juan Daniel Rauzzino fueron condenados a las penas de 16 y 10 años de prisión, respectivamente, el 12 de junio de 2012. En aquel momento se los juzgó como autores mediatos de los mismos hechos, es decir no como los autores concretos de lo sucedido sino como los autores ideológicos de las desapariciones y consecuentes muertes.
Actualmente, y debido a que la sentencia emitida por el Tribunal Federal Oral en lo Criminal de Catamarca fue casada en la Cámara de Buenos Aires, ambas sentencias no están firmes, por lo que los dos condenados continúan con prisión domiciliaria, tal como lo venían haciendo antes del juicio, pese a que el fallo ordena que sean alojados en una cárcel común.
 

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