OSEP: imputaron a Prieto por su inacción ante las irregularidades

La acusación es por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia había sido presentada por diputados del FCS.

 Los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales y contra la Administración pública imputaron al ex director de OSEP, Julio Prieto, por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fue citado a declaración indagatoria para el miércoles próximo, en horas de la mañana. La medida fue tomada por los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecín. La denuncia había sido iniciada por los diputados del FCS el pasado 12 de febrero, a partir de las declaraciones que Prieto había realizado el 10 de febrero en Radio Ancasti, donde confesó que ya había recibido algunas advertencias por las irregularidades en la obra social. La imputación de la Justicia es porque Prieto admitió que conocía que existían irregularidades y no se preocupó por profundizar la investigación y tomar acciones al respecto.
En la presentación que el bloque de diputados del Frente Cívico y Social realizó el 12 de febrero denunció penalmente a Julio Prieto, y también a su actual titular, Julio Cabur, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. Sin embargo, en esta etapa de la investigación, los fiscales sólo imputaron al ex director Julio Prieto.
La presentación que realizó el FCS fue con posterioridad a la denuncia que realizó el Círculo Médico por la emisión de órdenes médicas apócrifas. En la denuncia, los diputados apuntaron que el secretario general del gremio de los trabajadores de la OSEP, Carlos Noriega, había manifestado que Prieto tenía pleno conocimiento del ilícito de las órdenes truchas y, sin embargo, no cumplió con formular la denuncia respectiva.
Por otra parte, fuentes judiciales aclararon que esta medida no tiene relación directa con la investigación por la denuncia que presentó el Círculo Médico por las órdenes truchas. Esta investigación va por cuerda separada, y estaría por llegar a la última etapa.

Presentación
El pasado 28 de febrero, Prieto se presentó de manera espontánea en Fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia. Acudió acompañado por su abogado Pedro Vélez.
“Necesito limpiar mi nombre, por eso estoy aquí en la Justicia con mi abogado. No tengo nada que ver con los hechos”, había declarado, y agregó que se enteró a través de los medios que la Justicia podía citarlo y por eso, espontáneamente, se presentaba en Fiscalía.
En esa oportunidad, Prieto relativizó declaraciones que el pasado 10 de febrero había realizado a Radio Ancasti. Negó que durante su gestión hubiera tomado conocimiento de las maniobras de las órdenes “truchas” y expresó: “Lo que dije, en su momento, fue que me había llamado la atención la elevada cantidad de prestaciones de algunos profesionales, y advertí a las autoridades del Círculo Médico”. No obstante, sus primeras manifestaciones generaron dudas.
Por el delito de encubrimiento, el Código penal fija una pena de 6 meses a 3 años de prisión, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público es de 1 mes a dos años. Ahora deberá resolver la Justicia.

Movilización

Afiliados de la OSEP presentaron notas a la Legislatura para solicitar que se conforme una comisión Bicameral con participación de afiliados para que se investiguen las irregularidades denunciadas.
Por otra parte, otro grupo de beneficiarios de la obra social se movilizó anoche a la plaza 25 de Mayo y celebraron la decisión de la Justicia de convocar a Prieto para que dé explicaciones por la situación a la que llegó la obra social. También hubo protestas en Andalgalá.

Generadores: no declararon los imputados

La Unidad de Delitos Especiales y contra la Administración Pública había convocado a declarar para ayer a todos los imputados en la causa que investiga las posibles irregularidades en la millonaria compra de los aerogeneradores que se instalaron en el cerro Ancasti y que nunca funcionaron. Ex funcionarios del FCS fueron imputados por el delito de defraudación calificada contra el Estado.
El ex ministro Juan Acuña, el ex subsecretario de Servicios Públicos, Rafael Assante, el presidente de la empresa CM Sudamericana, Esteban Palacios, y el ex director de Infraestructura Energética, Esteban Palacios, solicitaron una prórroga para la declaración indagatoria. Ahora, la Justicia deberá fijar el nuevo plazo. En tanto que la inspectora de la obra, Carola Ramos, que fue imputada como partícipe necesaria, se presentó ante la Justicia pero se abstuvo de declarar.
La causa fue iniciada por Fiscalía de Estado tiempo después de que el Gobierno de Lucía Corpacci asumiera la gestión.

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