Los fiscales detectaron 3 médicos truchos que no tienen títulos

Son tres supuestos profesionales que habrían egresado de la Universidad Nacional de Córdoba

Los investigadores de la Unidad Fiscal de DelitosEspeciales y Contra la Administración Pública se dieron con una situación que originó, hasta ayer al cierre de esta edición, un nuevo escándalo: tres médicos del grupo de 14 imputados que originalmente fueron acusados por los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago, no tendrían título de médicos, aunque supuestamente ejercían como facultativos, le facturaban a las obras sociales (entre ellas a OSEP) y tendrían vinculación con el ministerio de Salud de la provincia y con la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
Ayer al mediodía, los propios fiscales confirmaron que entre la nómina de acusados, 3 de ellos no contaban con el título de médico correspondiente.
La información no hizo más que abonar el escándalo ya originado por la imputación de los médicos, tal como lo informó en forma exclusiva El Ancasti, por eldelito de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de instrumento privado adulterado.
Ayer a la tarde, fue el propio presidente del Colegio Médico de Catamarca, Gregorio Adolfo Antoni, el que firmó la resolución Nº 2396, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la entidad que nuclea y matricula a todos los médicos de la provincia.
En ella se dispone la suspensión de las matrículas de los médicos Miriam Argañaraz, Carlos Rafael Toloza y Oscar Argentino Tapia, al corroborar que ninguno de los tres egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se señala en la resolución que se solicitó un informe a la directora General del área de Enseñanza de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Anabellia Cisneros, y que desde esa oficina se contestó que Argañaraz, Toloza y Tapia “no figuran como egresados de dicha casa de Altos Estudios”.
Frente a esta circunstancia, el Consejo Directivo tomó la determinación de suspender las matrículas de los tres médicos, a la vez de comunicar al Círculo Médico (donde los facultativos recurrían para facturarle a las obras sociales), al ministerio de Salud y a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
A la vez, resolvieron efectuar la denuncia correspondiente ante la Justicia Federal, al interpretar que los nombrados habrían cometido delitos de competencia federal. Al cierre de esta edición, se había confirmado que las autoridades del Colegio concurrirían a los tribunales federales, con el asesoramiento legal correspondiente, para avanzar con una denuncia penal.

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