Los ex funcionarios del ministerio de Obras Públicas de la provincia, involucrados en un presunto caso de fraude al Estado mediante la compra de aerogeneradores de energía eléctrica, deberán presentarse la semana próxima ante los tribunales penales para sus respectivas indagatorias.
Así lo dieron a conocer ayer fuentes judiciales, quienes señalaron que también deberá comparecer el presidente de la empresa CM Sudamericana, ingeniero Palacios, sobre quien pesarían cargos como coautor del fraude, en un mismo plano de responsabilidad con el ex ministro de Obras Públicas Juan Acuña, y el subsecretario de Servicios Públicos Rafael Assante.
En tanto, la ingeniera Carola Julieta Ramos y su par Rodolfo Tomassi deberán responder como presuntos partícipes necesarios.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales, Miguel Mauvecín y Marcelo Sago, fijaron fechas para la semana próxima, en que los cinco imputados deberán comparecer a declarar en indagatoria, aunque algunos de ellos no residen en la provincia, por lo que no se descarta que las defensas pidan una prórroga.

Compra
En noviembre del año 2008, el entonces ministro Acuña emitió una resolución, mediante la cual se aprobó un informe del subsecretario Assante, quien destacaba la posibilidad de generar energía eólica, “ante la imperiosa necesidad de independizarse del Sistema Interconectado Nacional y mejorar el sistema eléctrico en la provincia”.
De ese modo, se convalidó el procedimiento mediante compra directa con la empresa CM Sudamericana, lo cual costaría dos millones y medio de pesos por cuatro aerogeneradores.
El 16 de diciembre de ese mismo año, el subsecretario Assante designó a la ingeniera Ramos como inspectora de la obra.
Ese mismo día, el ministro Acuña aprobó el contrato con la empresa, que no solo se encargaría de la venta de los aerogeneradores, sino también de los servicios, transporte, instalación y montaje.
Los fiscales determinaron que los aparatos no funcionaban, a pesar de que la empresa así lo aseguraba, y por ello su titular quedó imputado como coautor de fraude a la administración pública.

Los acusados
El ex ministro de Obras Públicas Juan Acuña; el ex subsecretario de Servicios Públicos Rafael Assante, y el titular de CM Sudamericana, ingeniero Palacios, deberán responder como coautores de fraude a la administración pública.
El ex director de Infraestructura Energética Rodolfo Tomassi y la ingeniera Carola Julieta Ramos son partícipes necesarios.

“Es el monumento a la corrupción”
El fiscal de Estado, Carlos Bertorello, brindó ayer una conferencia de prensa, en la cual manifestó que durante el período de gobierno del Frente Cívico se destruyó el sistema de generación de energía.
Por ello, consideró auspicioso que la Justicia “aparece despertando después de mucho tiempo”.
Bertorello recordó que existen otras denuncias formuladas por temas similares, que aún están esperando alguna resolución.
A su vez, señaló que solamente se está buscando reparar el daño que se provocó al Estado, sin entrar en ningún tipo de persecución de tipo político.
Por ello, se constituyeron en querellantes particulares, con el propósito de tomar intervención en todas las medidas que disponga la fiscalía.
El funcionario aclaró que por el momento no está determinado el perjuicio, lo cual quedará claro a través de la investigación, pero remarcó el pedido a la Corte de Justicia, de dotar a los fiscales del personal y los elementos técnicos necesarios para trabajar en la investigación.
Por último, sostuvo que la obra de los generadores es “el monumento a la corrupción, porque nunca funcionaron, sin embargo alguien se enriqueció”.

Funcionamiento
Más allá de cuestionar una obra que nunca funcionó, a la que calificó de “cara e inútil”, el fiscal de Estado reveló que actualmente se están llevando a cabo una serie de trámites y pericias técnicas para verificar si se puede poner en funcionamiento los cuestionados generadores.

Sin independencia energética
Los pormenores de la investigación judicial señalan que el fraude no solo se habría cometido por el hecho de que los elementos  en cuestión no funcionan, sino que como consecuencia de ello nunca cumplieron las tareas para las cuales habían sido adquiridos.
El principal argumento era lograr la independencia parcial del Sistema Interconectado Nacional, lo que evidentemente nunca sucedió.
Otro punto que buscan establecer los fiscales es por qué los generadores terminaron en la cima del cerro Ancasti, cuando el proyecto original mencionaba que serían instalados en distintos lugares de la provincia, como Fiambalá o El Salar de Pipanaco, en Pomán.

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